En 1996 se firmó el acuerdo del Dragado del Canal Martín García entre los entonces cancilleres de Argentina, Guido Di Tella y de Uruguay, Sergio Abreu, en donde los dos países se comprometían a dragar y mantener competitivos los dos canales Mitre y Martin García.

Este acuerdo implicó que para mantener competitivos los canales, los gobiernos se comprometieron a mantener en igualdad de condiciones, de dragado y balizamiento los mismos.

Sin embargo, desde el conflicto por las Papeleras instaladas aguas arriba del Río Uruguay (empresa UPM, antes llamada Botnia), no se ha logrado llegar a un acuerdo con el mantenimiento del Canal , y a Uruguay le faltó decisión para asumir la responsabilidad y el gasto , tal vez que con el propósito de no agregar motivos a las discrepancias con la Republica Argentina.

Los que entendemos que la logística es darle a las mercaderías las mejores alternativas para que sus productos lleguen a destino en el menor tiempo y a menor costo posible, vemos que existe un acuerdo y un compromiso de ambos gobiernos de mantener la competitividad de los canales , pero eso no se cumple.

La profundización del Canal Martín García no sólo es fundamental para la República Oriental del Uruguay si no que también debe realizarse urgentemente.

Efectivamente, los estudios realizados por consultores privados demuestran que el costo de las exportaciones uruguayas pagan actualmente como falso flete por no contar con el canal a 36 pies ronda los U$S 21 millones anuales.

El último proceso licitatorio relativo al Canal Martín García tuvo lugar cuando se adjudicó la obra al actual concesionario y duró casi cuatro años; todos los procesos licitatorios en organismos multinacionales demandan enormes cantidades de tiempo dado que los oferentes impugnan, intervienen cortes arbitrales cuyas decisiones tardan años, etc.

Un proceso de cuatro años de duración significa U$S 84 millones (4 años x 21millones) de costos que la economía uruguaya puede evitar recurriendo a una negociación inmediata con la compañía que tiene a su cargo el mantenimiento del canal, que puede empezar las obras de manera inmediata.

Estos costos están calculados en base a las actuales exportaciones del Uruguay; todo hace prever que estas crecerán, de modo que las cifras se tornaran aun mas contundentes.

Debe notarse que U$S 84 millones es más que la inversión requerida para la profundización del canal.

Como argumento adicional debe agregarse que, según ha trascendido, el actual concesionario ha ofrecido financiar parcialmente la profundización del canal, lo cual facilitaría notablemente la toma de decisiones con respecto a esta inversión.

No se entiende tampoco claramente cuáles son los fundamentos para la oposición argentina a la renegociación del contrato; el gobierno argentino ha renegociado dos veces el contrato de concesión que lo vincula con Hidrovía S.A. (formado por la firma belga Jan de Nul y Emepa de Argentina) firma que explota por concesión la vía navegable troncal argentina que va desde Rosario al Océano Atlántico.

En efecto, en 1999 esta compañía renegoció sin licitación con el gobierno argentino en forma directa una prórroga de su contrato contra el cual la firma profundizó el canal de 32 pies a 34 pies ; y en enero del corriente año la actual administración argentina prolongó nuevamente la concesión de Hidrovía S.A. a través de una renegociación, elevando las tarifas de peaje. A cambio de esto, Hidrovía S.A. se comprometió a profundizar los canales argentinos a 36 pies .

Ambas transacciones involucraron cientos de millones de dólares; aparentemente los motivos de principios alegados por la parte argentina al argumentar que una obra de esta envergadura necesita una licitación tiene poca aplicación de puertas para adentro.

La R.O. del Uruguay está en todo su derecho de exigir la inmediata profundización del Martín García; solo esto garantiza el cumplimiento del tratado del Río de la Plata, que estipula que los canales del lado argentino y uruguayo tendrán la misma profundidad.

Defender la soberanía es también demostrar a sus ciudadanos que se están haciendo los esfuerzos necesarios para posicionar competitivamente a nuestro País y defender el comercio es para nosotros los uruguayos de vida o muerte.-

Como ultima consideración, una de carácter político; la actual administración argentina, finaliza su mandato en 2011 y no existe ninguna posibilidad de terminar el proceso licitatorio antes de que la actual administración argentina deba entregar el poder a su sucesora.

Subsiste entonces la duda en cuanto a la voluntad de un gobierno de signo político aun desconocido de mantener los compromisos confiados por la administración anterior.

Nunca será peor para nuestros intereses, es de esperar, pero nuestro destino depende de nosotros y no del gobierno de turno de la Republica Argentina.